EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES ADOPTARON AYER UN ACUERDO POR UNANIMIDAD PARA REDUCIR EL PLAZO DE ESPERA.
Extremadura ya asumió este plazo en un decreto en 2009, pero la media de respuesta es de nueve o diez meses.Mejuto espera que la región cumpla este margen a lo largo de este año, "si puede ser antes del verano, mejor".
26/01/2010 M. F. MAESO MERIDA
Casi medio millón de españoles (18.009 en Extremadura) se benefician ya de la ley de dependencia, pero otros 250.000 (5.233 extremeños) se encuentran en el famoso limbo, es decir, con la prestación aprobada y a la espera de recibir ayuda a la prestación a la que tienen derecho. Para tratar de acortar la demora, el Gobierno central y las comunidades autónomas fijaron ayer un máximo de seis meses desde que se solicita la prestación hasta que se dictamina. El acuerdo, adoptado por unanimidad, supondrá la reducción a la mitad del actual tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación, que va desde los tres meses de la Rioja y Andalucía al año y medio de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.
En Extremadura el tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación se sitúa en torno a los nueve o diez meses, según la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, que espera acortarlo en los próximos meses --"si puede ser antes del verano, mejor, pero si no espero conseguirlo antes de final de este año"--, aprovechando que en el 2010 no se ha incorporado ningún nuevo nivel al derecho a prestación.
Sin embargo, la administración extremeña ya fijó como máximo el plazo de seis meses --tres para dar el resultado de la evaluación y otros tantos para definir la prestación-- en un decreto aprobado el año pasado. Aunque no haya conseguido cumplirlo, la región es de este modo, junto con Aragón y Andalucía, una de las pocas que tienen legislado este aspecto. El resto deberá hacerlo también antes del 1 de enero del 2011.
30 DIAS EN NIÑOS El acuerdo concreta que el plazo para este trámite administrativo será solo de 30 días en el caso de los menores de tres años con discapacidad, de forma que los padres puedan ampliar sus permisos de maternidad o paternidad o subsidios. Los representantes del Ministerio de Sanidad de los diferentes gobiernos autonómicos no fijaron el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas de manera inexorable. "De momento se ha dado un paso importante, de gran valor político. Es necesario consolidar un esfuerzo presupuestario cada vez mayor", comentó la ministra Trinidad Jiménez.
El Consejo de la Dependencia también aprobó otro acuerdo que obliga al sistema de atención a la dependencia a evaluar una vez al año a los cuidadores informales o no profesionales para garantizar que tanto ellos, independientemente de su edad, como el entorno del beneficiario siguen siendo aptos para el cuidado del dependiente. De la evaluación se encargarán equipos multidisciplinares de funcionarios públicos formados por trabajadores sociales, enfermeros, médicos, psicólogos y otros profesionales relacionados con estos servicios.
Asimismo, se llevaron a cabo otras gestiones más de trámite, como la actualización de los importes de prestaciones mínimas para cada beneficiario en base a indicadores como el IPC o el IPREM. Pero la consejera extremeña destacó sobre todo los acuerdos dirigidos a seguir avanzando en la aplicación de la ley, especialmente para equipararla en las diferentes comunidades, en las que reconoció niveles de atención muy dispares. En esta línea, Mejuto destacó el compromiso alcanzando en relación a la calidad de los servicios prestados y, sobre todo, la acotación de los plazos máximos y mínimos para resolver el expediente.
Es el caso de los seis meses que las administraciones tendrán como plazo máximo para definir la ayuda que corresponderá, en su caso, a los solicitantes de la ley de dependencia. En esa línea, la responsable de este área en Extremadura recordó que "todas las comunidades llevan cierto retraso", pero se mostró convencida de que la región --en la que situa la espera media entre 9 y 10 meses (de dos a tres en los casos más urgentes hasta 12 o 14 como mayores demoras)-- logrará eliminarlo a lo largo de este año. Entretanto, los últimos datos cifran en casi 10.000 los solicitantes a la espera de valoración en Extremadura, aparte de los 6.000 con prestación reconocida que aún no la perciben.
