La discapacidad aún teme el tijeretazo
Desde el Sepad aseguran que los servicios básicos no se verán afectados.Las familias no quieren que los más débiles paguen los ajustes de la crisis.
Unas 500 personas asistieron al encuentro en un hotel de Mérida.
Las familias de las personas con discapacidad intelectual temen que, pese a las garantías dadas por la Junta hasta la fecha, los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno para reducir el déficit público acaben afectando al desarrollo de la Ley de la Dependencia. El movimiento asociativo que los representa considera injusto que sean los más débiles quienes acaben pagando una crisis que no han provocado, y que puede dar al traste con algunas de sus principales reivindicaciones, como la inclusión de la atención a las familias de discapacitados intelectuales en el Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Madex), en el que se identifican los servicios que financia la administración regional.
Estos y otros asuntos fueron ayer abordados y debatidos por el medio centenar de personas que asistieron en Mérida a la décimo tercera Jornada Autonómica de Familias que convoca Feaps, la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual.
PREOCUPACION Bajo el lema Unidos, creamos futuro , se pusieron sobre la mesa dos cuestiones fundamentales: los retos de futuro para el colectivo, y la aplicación de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El presidente regional de Feaps, Miguel Ortega, puso de manifiesto que están "muy preocupados" por la amenaza que supone la situación económica para el desarrollo de las políticas dirigidas al colectivo. En el encuentro estuvo presente el gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Juan Carlos Campón, quien señaló que el futuro de esta entidad como organismo autónomo está garantizado, así como la prestación de los servicios básicos amparados por la citada Ley de la Dependencia.
Subrayó que el decreto del Gobierno "en ningún caso ha planteado una paralización ni un aplazamiento de la ley", en lo que se refiere a la prestación de los servicios y a la calidad de los mismos. Campón hace referencia en este punto a las prestaciones básicas como la atención temprana, la habilitación funcional, los centros ocupacionales, los centros de día y los servicios residenciales. Estos se diferencian de otros que "en función de la disponibilidad económica, tienen más o menos dotación", como los servicios de ocio y tiempo libre.
