Más de 8.000 familias extremeñas reclaman ayudas para el transporte y medicinas, entre otros servicios.Feaps pide un pacto nacional para que las familias tengan los mismos gastos en todas las regiones.
- Ana Rodríguez y Miguel Ortega, ayer en la sede regional de Feaps dando a conocer el estudio.
Un estudio encargado por este colectivo a Antares Consulting, y patrocinado por Endesa, pone de manifiesto ese gasto extra de 4,5 millones de las antiguas pesetas al que deben hacer frente, teniendo en cuenta el coste de las horas extras de cuidado no financiado por ninguna administración, el desembolso las propias razones de la discapacidad y la falta de oportunidades para estas familias; es decir, el capital que no ingresan por tener que dedicar sus esfuerzos a atender a sus familiares. Asimismo, se contemplan los distintos niveles de discapacidad (ligero, moderado, severo que viven en residencias y severo que viven en casa).
El presidente de Feaps, Miguel Ortega, denuncia que esta situación se hace aún más palpable con la crisis económica, por lo que reclama más ayudas públicas en cuestiones como el transporte o la subvención de los medicamentos, un servicio que sí es gratuito en otras comunidades autónomas. A su juicio, el nivel ligero es el que menos apoyos recibe por parte de la administración a pesar de que es el que mejor podría integrarse en la sociedad ya que es el "menos caro". En este sentido, el sobreesfuerzo económico varía de forma considerable entre un discapacitado intelectual de perfil ligero (algo más de 19.000 euros) y el de uno de caracter severo al que cuidan en su casa (más de 46.000 euros).
A este respecto Ortega y la directora gerente de Feaps, Ana Rodríguez, insistieron ayer en ese "agravio económico" de estas familias y en las diferencias de las ayudas que se reciben según la comunidad autónoma en la que se resida. Todo esto se agrava si se añade que la tasa de paro entre estas personas triplica la media estatal para el conjunto de los ciudadanos, la pérdida de la calidad de vida familiar "imposible de cuantificar económicamente", la "deuda moral" con el movimiento asociativo de personas con discapacidad intelectual, y la falta de recursos todavía menor en los pueblos que en las ciudades.
Ortega reclama por todo ello "un pacto nacional" para que todas las familias tengan el mismo sobreesfuerzo cuando la problemática es la misma.