La escuela concertada solo acoge al 9% de los alumnos inmigrantes
Sindicatos y asociaciones de padres afirman que los centros tienen formas para evitarlos.La ´privada´ alega que sí se ofertan plazas y que si no se solicitan es culpa de la Junta.
Una profesora atiende a un alumno, en un colegio con estudiantes inmigrantes.
Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Sobre todo, en lo que a educación se refiere. A partir del 29 de abril ya se podrán formalizar las solicitudes de plaza en los centros escolares públicos y concertados de Extremadura para el próximo curso. En este escenario, el reparto equitativo de los alumnos con necesidades especiales de educación --colectivo que comprende principalmente a niños en riesgo de exclusión social, discapacitados, inmigrantes y de minorías étnicas-- entre los centros públicos y concertados sigue siendo todavía una utopía en la región, a pesar de que la ley establece que se deben reservar cuatro plazas para ellos por cada 25 alumnos. UGT así lo ha puesto encima de la mesa y las cifras avalan este profundo desajuste, sobre todo en el caso de los alumnos inmigrantes.
Los últimos datos de escolarización recabados por el Ministerio de Educación se refieren al 2008 y arrojan que de los 180.511 escolares matriculados en Extremadura, el 5,25% (es decir, 9.484), pertenecen a este grupo con necesidades especiales. La mayor parte de ellos, el 89%, fue escolarizado en centros públicos, frente a tan solo el 11% que estudió con plaza en la concertada. Unos valores que en el alumnado general se sitúan en el 79% y 21%, registrándose así diez puntos de diferencia.
En el caso de los niños inmigrantes, el problema se agudiza, ya que solo el 9% de los 5.453 registrados están en colegios concertados.
La existencia de los niños con necesidades especiales de educación se debe a que la población extremeña es cada vez más heterogénea y por ello, es necesario llevar a cabo una serie de medidas de prevención para atender los problemas de aprendizaje. Miguel Salazar, secretario de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Extremadura (FETE-UGT), además de reconocer la existencia de estos desequilibrios, afirma que el mal reparto que se hace de los niños en riesgo de exclusión social "es una disfunción que repercute negativamente en la atención y el aprendizaje del alumnado", que se agrava al permitir unos ratios por aula muy elevados en centros de medianas y grandes ciudades.
MECANISMOS DE EVASION: Este problema es algo que ya se viene denunciando durante años. Y algunas agrupaciones, como el sindicato PIDE y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa), afirman incluso que los centros concertados han establecido una serie de ´mecanismos´ para evitar que los padres de niños con necesidades especiales soliciten sus plazas vacantes. Así, el la situación cambia: no son los centros los que no acogen a estos niños, sino que son los padres los que no los solicitan.
José Manuel Chapado, de PIDE, afirma que los colegios concertados no contratan el personal especializado necesario para atender a estos niños (como psicólogos, terapeutas y orientadores), escudándose así en que en los públicos estarán mejor atendidos. Una situación que se da, según Chapado, sobre todo en los centros religiosos. ( Tú si que sabes José Manuel)
Por su parte, Joaquina López, desde Freapa, asegura que "los uniformes y las cuotas mensuales y anuales son otra de las formas de disuadir a los niños en riesgo de exclusión, invitando así a los padres, desde la dirección, a llevarles a otros centros".
Sin embargo, desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumno (Concapa), Rafael Ramos confirmó a este diario que "las plazas en los concertados se ofertan según lo que manda la ley y si esas plazas no se solicitan, no es culpa del centro, sino de la Administración". Porque según Ramos, ésta debe facilitar ámbitos como el transporte o el acceso a los comedores, así como la contratación de personal de apoyo y orientadores".
Otras medidas propuestas para intentar que el reparto del alumnado sea más equitativo entre los centros sostenidos con fondos públicos se centran en la creación de oficinas de escolarización. Es la propuesta que hace Antonio Serrano desde CCOO: "oficinas de escolarización ejecutivas, que de verdad tengan capacidad de decisión, aunque siempre respetando la libertad de escolarización y sin rebajar la ratio establecida por ley para el aula".
El sindicato ANPE Extremadura también aboga por la inspección educativa y el trabajo de las comisiones de escolarización no solo en el mes de septiembre, sino durante todo el año, según explicó su secretario, Saturnino Acosta.
Este también puso de manifiesto que otro dato a tener en cuenta y del que nadie habla es la localización de los centros actuales y los terrenos que ocupan: si son de titularidad municipal, cedidos o comprados. "Difícilmente las familias inmigrantes van a vivir en barrios socioecnómicos altos y difícilmente los ayuntamientos cederán terrenos donde el valor del suelo es elevado. Por ello creemos que la Administración debe ser más celosa a la hora de ubicar los centros y permitir conciertos en determinados barrios, pues esto desnivela mucho las matriculaciones hacia uno u otro lado", afirmó Acosta.
REACCIONES POLITICAS: La consejera de Educación, Eva María Pérez, no ha llegado a reconocer estas diferencias, pero sí aseguró que todos los departamentos de la administración educativa ponen "el máximo celo" en que se cumpla lo establecido en el decreto de escolarización. Y también afirmó que espera que ese mismo celo se ponga por parte de aquellas familias que tengan "la más mínima tentación de cometer un fraude con la documentación a presentar para la solicitud de plaza en el centro".
Sin embargo, el diputado del PP César Díez Solís, portavoz de Educación del PP, sí reconoció estos desequilibrios y apostó por "una única red de centros escolares sostenida por fondos públicos que cumpla la normativa establecida y que les dote de personal suficiente".
Respuestas y reacciones para todos los gustos que demuestran que, a pesar de que los procesos de escolarización han mejorado mucho en Extremadura durante los últimos años, todavía existen disfunciones que repercuten negativamente en la atención al alumnado, agravada por la diferencia de ratios entre unas zonas y otras.
