El plazo de 6 meses para las ayudas a la dependencia no será real hasta fin de año
Extremadura fijó la espera máxima el año pasado y la ratificó, con el resto del país, en enero, pero no la cumple.Solo cuatro de cada diez solicitantes reciben prestación y casi 9.000 personas todavía esperan su valoración.
Antes de que termine el año, nuestro propósito es que no se tarde más de seis meses en resolver el expediente (de solicitud de ayuda a la dependencia)". Este es el compromiso que el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Juan Carlos Campón, asumió ayer en la presentación de los datos de la aplicación de la ley de dependencia en Extremadura. Se trata de un plazo que la Administración extremeña ya fijó en un decreto publicado el año pasado y que ratificó en enero, cuando se extendió al resto de comunidades, pero que aún no ha logrado cumplir. Así lo admitió ayer Campón, que destacó que se da prioridad los casos urgentes y que, en consecuencia, "podemos tener casos en los que se tarda una semana o diez días y casos que duran un año y medio, no lo puedo negar"
El máximo responsable del Sepad no aportó el dato de espera media desde que se solicita la ayuda hasta que se recibe la prestación en la región, porque aseguró que no está disponible --los estudios de la Asociación Estatal de Gerentes y Directoras Sociales de Base lo sitúa entre ocho y 16 meses y la consejera de Sanidad y Dependencia reconoció en enero en este diario que podía estar en torno a los 8 o 10--, pero garantizó que "si una persona está en situación de gran dependencia, se prioriza en el sistema". Para Cristina Herrera, diputada del PP y portavoz en temas de Dependencia, los compromisos de Campón son insuficientes: "estamos en el cuarto año de aplicación de la ley y siempre dicen lo mismo, que a partir de ahora lo van a hacer bien y van a acortar los plazos, pero mientras tanto las largas esperas se mantienen", criticó.
Menos exigentes se mostraron los responsables de las asociaciones de personas con discapacidad (junto con los mayores, principales beneficiarios de la norma), que se debaten entre la reivindicación por el retraso y la comprensión, por tratarse de una legislación nueva que parte de cero. "Lo que más nos llegan son quejas por el retraso en la concesión de las ayudas", explica el gerente de FEAPS, Carlos González, al que respalda Jesús Gumiel, presidente regional de Cermi, quien añade las consultas por falta de información.
Pese a sus habituales críticas al sistema escogido por Extremadura para gestionar la dependencia (modelo sociosanitario), desde la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, reconoce el esfuerzo hecho por la Administración extremeña en los últimos meses, que ha permitido resolver muchos casos y reducir el número de dependientes con derecho reconocido y a la espera de recibir la prestación (del 58,8% de julio del 2009 al 29,1% del pasado mes de febrero).
Sin embargo, todavía hay casi 9.000 personas a la espera de ser valoradas y apenas cuatro de cada diez solicitantes cobra alguna ayuda. Eso sí, 14.512 extremeños se reparten ya 18.418 prestaciones (algunos reciben más de una), teniendo acceso así a una atención que hasta hace solo tres años y medio no existía.
